Los seguros deben ser socialmente responsables. También en su la letra pequeña que es una de las principales barreras de accesibilidad para las personas con discapacidad

Fundación ONCE y Fundación Mapfre analizan los retos y oportunidades que las personas con discapacidad, como consumidores, suponen para el sector de los seguros en ‘El sector seguros y las personas con discapacidad y sus familias: dimensionamiento, análisis de barreras e identificación de oportunidades’

Desde la visión de aseguradoras y ciudadanos con discapacidad se ha entrevistado a representantes de compañías de seguros, con una encuesta respondida por entidades representativas de las personas con discapacidad y con grupos de discusión en los que se ha escuchado a los propios ciudadanos con discapacidad.

Se anima a las aseguradoras a desarrollar nuevos productos o prestar servicios que cubran necesidades no resueltas de las personas y colectivos con discapacidad.

Fundación ONCE, CERMI y la patronal UNESPA ya llevan tiempo trabajando en la inclusión de las personas con discapacidad.

Las compañías aseguradoras han aprendido mucho en los últimos años y han pasado del desconocimiento más absoluto a una orientación proactiva por parte de distintas compañías hacia la oportunidad de negocio que representan las personas con discapacidad.

Sin embargo algunas aseguradoras les deniegan pólizas o servicios concretos. Algo ilegal, sobre todo, en seguros de salud y de vida.

“Se constata la persistencia de exclusiones de contratos por motivos de discapacidad y edad, ya sea de manera abierta, por ejemplo, a partir de un porcentaje de discapacidad reconocido, o bien latente. La Ley prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de discapacidad, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente”.

Es imprescindible impulsar el conocimiento, promover la formación y supervisar la red comercial “para evitar el trato inadecuado” a clientes potenciales por motivo de edad o de discapacidad.
Así, se apuesta por invertir en el conocimiento de los datos actuariales y estadísticos de las personas con discapacidad, “para avanzar en el camino de un trato individualizado basado en la evidencia”.

Estos clientes, los que tienen algún tipo de discapacidad o una edad elevada, se quejan también de la “opacidad” y de la llamada “letra pequeña” de los contratos de las compañías de seguros, que hacen ilegible e ininteligible la información que ofrecen. Por este motivo, los dos sectores poblacionales piden mayor claridad en las pólizas a las empresas.

Relacionado con este aspecto de accesibilidad a la información está la queja de las personas con discapacidad visual de que la mayoría de las pólizas estén solo en papel, por lo que solicitan a las compañías que ofrezcan también esta información en soporte digital.

Tanto los seguros como las entidades representativas de las personas con discapacidad demandan una segmentación adecuada a la heterogeneidad del colectivo de ciudadanos con discapacidad, que hace que las necesidades de atención sean muy diferentes.

«Ante los precios elevados que pueden derivarse de una mayor probabilidad de riesgo probada, hay que ofrecer soluciones para que las personas con discapacidad no queden excluidas de las compañías de seguros»

Hay que explorar fórmulas de colaboración público-privadas, incluyendo la RSC por parte de las empresas, la mutualización del riesgo, los incentivos fiscales, etcétera, para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a coberturas.

Se recomienda aplicar y poner al día la ‘Guía de Buen Gobierno de las Entidades Aseguradoras en materia de Discapacidad’ de Unespa e impulsar foros de colaboración donde estén presentes los distintos grupos de interés.