La ILP contó con el apoyo de 740.000 personas en 2015

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) urge al Congreso de los Diputados a aprobar la toma en consideración de su iniciativa legislativa popular (ILP) contra los actuales criterios de copago “confiscatorio” en dependencia que no aseguran el ejercicio y garantía del derecho, sino la compra del derecho.

En las dos ocasiones anteriores la LIP se interrumpió por la “inestabilidad política” y repeticiones electorales. Esperemos que esta sea la comparecencia definitiva.

La ILP del CERMI, recabó en 2015 el apoyo de 740.000 personas, convirtiéndose en la primera ILP de carácter social en superar la barrera de las 500.000 firmas, el mínimo legal exigido en España.

El copago es uno de los elementos más negativos, paralizantes y perturbadores para el despliegue de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, provocando una sensación generalizada de fracaso del sistema y de profunda decepción, puesto que, quienes no pueden hacer frente a los costes, se ven “expulsados” de estos derechos.

Hay graves diferencias de trato entre territorios (de la gratuidad hasta el 90%), que los beneficiarios y sus familias experimentan como doloroso agravio. El copago en dependencia ha contaminado a otros servicios y prestaciones sociales, distintas de la dependencia, que no tenían copago o no lo tenían en estas intensidades.

Es necesario reformar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para que las familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) estén exentas de todo copago. Por encima de estos niveles, establecer un techo del 60% en el coste que el usuario tiene que asumir, salvaguardando siempre que la persona mantenga renta disponible (el 40% del IPREM).

Se debe introducir una regulación común estatal de los copagos que las comunidades autónomas tengan que cumplir y, en todo caso, mejorar.

Se deben tener en cuenta el momento de aparición de la situación de dependencia en la vida de la persona y su prolongación en el tiempo.

Es lamentable la falta de datos del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sobre copagos entre las diferentes comunidades autónomas, pese a la sociedad de la información y las nuevas tecnologías. Es una evidencia que nadie puede discutir, que el SAAD está infrafinanciado. El Gobierno debe incrementar en los próximos años de manera considerable la inversión social y actualizar el catálogo de prestaciones del SAAD para desarrollar en mayor medida los apoyos en materia de asistencia personal.

Simplificar trámites burocráticos

Cuando a una persona se le reconozca una situación de dependencia, se le debe reconocer automáticamente un grado mínimo de discapacidad del 33%.

“La persona está en la lógica de la administración en la actualidad, y no la administración en la lógica de las personas. Todas las personas con discapacidad no tienen situación de dependencia, pero nadie podrá negar que una persona en situación de dependencia sí es una persona con discapacidad” Luis Cayo Pérez Bueno