Honduras era un paraíso pero se ha convertido en el Infierno en la Tierra. La violencia se ceba con los defensores de derechos humanos y con los pobres
El estado de excepción del gobierno hondureño suspende los derechos de libertad personal, libertad de asociación, reunión y circulación, entre otros derechos fundamentales.
Pero hay valientes que continúan trabajando en la promoción de derechos humanos en un contexto donde la violación empeora preocupantemente:
- Manos Unidas C
- Cáritas Honduras
- Centro Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familiares
- Arquidiócesis de San Pedro Sula
- Organización Mundial Contra la Tortura
- Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT)
Manos Unidas apoya a la Pastoral Social Cáritas Honduras desde 2016 en un programa de defensa y promoción de los derechos humanos en siete municipios de la Diócesis de San Pedro Sula.
La violencia se ejercen contra defensores medioambientales y de derechos humanos, pueblos indígenas, mujeres, niños, jóvenes, migrantes, líderes, campesinos, periodistas, trabajadores de la comunicación y operadores de justicia. Causas:
- crimen organizado y el tráfico de drogas
- reclutamiento de niños y adolescentes por parte de las maras
- mala respuesta judicial que conlleva a la impunidad
- corrupción política
- pobreza y desigualdad
«Contradecimos los datos presentados por el Gobierno de Honduras y que presumen del impacto positivo del estado de excepción mediante el control del crimen organizado cuando, en realidad, hasta la fecha, ha habido unas graves violaciones sostenidas y sistemáticas de los derechos humanos»
Carlos Paz, Cáritas en San Pedro Sula
Hay múltiples desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, abusos durante allanamientos de morada sin orden judicial e implantación de pruebas falsas.
La alta inseguridad proviene del mismo cuerpo policial y de la policía militar a través del uso ilegítimo de la fuerza.
La desprotección a la que se enfrentan los defensores de derechos humanos y los pobres (como los jóvenes que viven en barrios pobres), es producto de la debilidad institucional y la falta de una política integral en materia de protección dirigida desde el Estado hondureño. Todos ellos viven bajo la amenaza y el temor a ser asesinadas, detenidas, desaparecidas, torturadas, desplazadas, amenazadas y judicializadas arbitrariamente”.
109 muertes bajo custodia
El estado de excepción decretado hace dos años suspendió los derechos de libertad personal, libertad de asociación, reunión y circulación, entre otros derechos fundamentales, además de otorgar facultades a la policía para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.
Los centros penitenciarios también se encuentran bajo el control de las Fuerzas Armadas y desde 2017, se han documentado alrededor de 109 casos de muertes bajo custodia, de las cuales el 47 % corresponde a mujeres privadas de libertad. Por otro lado, la situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos es altamente preocupante. En 2023 se registraron al menos 363 ataques en contra de este colectivo y 17 asesinatos.
«Estos años no han permitido al Estado hondureño salir de la violencia heredadas de años de dictadura y corrupción”
Wilson Ariel Pérez fue asesinado en un supuesto enfrentamiento con miembros de la Fuerza Anti-Maras y Pandillas. Por este motivo, el 31 de mayo de 2022, Cáritas y CONAPREV (Mecanismo Nacional de Prevención contra La Tortura) acompañaron a los familiares del joven. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras instó al Estado hondureño a la realización de una investigación rápida, exhaustiva e independiente. Y es que el médico forense determinó que Wilson no murió en un enfrentamiento, sino que fue víctima de una paliza de parte de sus captores. Murió de una hipoxia cerebral mientras le pegaban.
Imagen: Carlos Paz director de Cáritas San Pedro Sula, organización que sistematiza las violencias de agentes policiales y militares. (Foto Radio Progreso)
