A la propuesta de ley le apoyan 350 organizaciones, 30.000 personas y 50 personalidades
La Ley debe distinguir a las empresas que quieren una transición hacia una economía inclusiva, regenerativa y sostenible. Para ello se necesita una nueva figura jurídica, las «Sociedades de Beneficio e Interés Común» (SBIC), verificadas, transparentes y responsables y que en sus estatutos se comprometan a la generación explícita de un impacto.
La mesa redonda “El porqué de la Ley de Empresas con Propósito” del congreso “Mañana empieza hoy” (IFEMA Madrid y Barrabés) lo debatió, con los ODS como referencia y marco de actuación.
- Pablo Sánchez, B Lab Spain
- Carolina Rodríguez Arias, Alto Comisionado para España Nación Emprendedora
- Cristina Monge, ECODES
- Alfredo Gazpio, Danone Iberia
- Patricia Gabeiras, Gabeiras&Asociados
- María Ángeles León López, SpainNAB.
Las SBIC, polos de atracción de inversión y talento
Las empresas con propósito generan impacto positivo y rentabilidad por igual, por lo que son un motor de crecimiento con mucho potencial e interesantes para los inversores.
El 50 % de los jóvenes tienen la preocupación por el planeta en su agenda y un 75 % quieren apostar por empresas que se muevan hacia esta dirección.
La colaboración público-privada, clave para materializar la reforma legal
La sociedad va por delante de las leyes y la política no puede quedarse atrás. Por su parte, los medios de comunicación que son el aceite del engranaje social que promueve la movilización ciudadana. En paralelo, un país necesita también tener a las empresas como aliados en este proceso.
Una ley para legitimar la transición a la sostenibilidad
La necesidad de la norma es evidente. Cuando en una democracia se pacta elevar a rango de ley cualquier cuestión, se refleja en un texto los valores que la sociedad reclama como comunes.
Este reconocimiento legal permitirá y acelerará que más empresas sigan comprometiéndose estatutariamente a cumplir objetivos sostenibles, medir su impacto, evaluar sus resultados y seguir un plan de acción, a través de controles externos, por medio de auditorías, e internos. Y no lo hacen únicamente a nivel legal, sino también ante sus públicos. Las compañías, a través de sus estatutos y de su propósito, están haciendo público su compromiso al mercado, a socios e inversores. Si no cumplen, sí tienen responsabilidad civil, pero no tienen responsabilidad legal ni económica. Se trata de una reforma normativa factible que ya han integrado otros países como Estados Unidos, Francia e Italia, y que permitirá acelerar el cambio en el panorama empresaria.
