El impuesto a los bancos es un gravamen que genera gran incertidumbre en los inversores y discrimina a las entidades crediticias españolas
Además es de dudosa legalidad porque, tal y como se ha anunciado, se puede considerar una doble imposición. Bajo ambos gravámenes subyace la cuestión de cómo concretar que un determinado nivel de beneficio es «normal» y un nivel superior de beneficio es «excesivo», lo que contradice la idea de eficiencia económica debido a que la empresa no puede reaccionar ajustando su comportamiento, y ello comportará un descenso de la inversión, creación de empleo y riqueza.
La definición de beneficios queda al arbitrio del Gobierno sin que exista un criterio objetivo que lo sustente, lo que genera una incertidumbre especialmente desaconsejable en la actualidad dada la complejidad del escenario económico, con elevadas tasas de inflación y una ralentización del crecimiento.
El razonamiento de que con la subida de los tipos de interés los beneficios aumentan se ve contrarrestado por el hecho de que aunque aumenten los ingresos, el coste del riesgo también aumenta, por lo que lo que realmente ocurre es que la situación tiende al equilibrio, cosa que no ha ocurrido en el pasado con los tipos de interés en negativo.
El sector bancario realiza una contribución financiera elevada al sostenimiento del gasto público derivada no sólo de un tipo incrementado del 30 % en el impuesto de sociedades (frente al general del 25 %), sino también de otras aportaciones singulares como el impuesto sobre depósitos o la imposibilidad de deducir el IVA soportado, o de la prestación patrimonial sobre determinados activos fiscales, sin olvidar su obligada contribución en varios fondos de garantía por su participación en la unión bancaria.
La imposición de un gravamen que elude la consulta pública y todo informe preceptivo previo es ineficaz para luchar contra la inflación, además de tener efectos negativos en el crédito (50.000 millones menos según estimaciones del sector), lo que supondrá 250.000 hipotecas menos, así como en el PIB y en el empleo (destrucción de entre 25.000 y 35.000 puestos de trabajo).
Además, acrecienta la inseguridad jurídica entre los inversores y reduce el retorno para los 6 millones de accionistas minoristas que tienen invertidos parte de sus ahorros en el sector bancario.
La pretensión de aplicar un nuevo impuesto a los bancos resulta contradictoria con la recomendación de prudencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB, por sus siglas en inglés) que ha pedido a las autoridades en su último informe que preserven y refuercen la resiliencia del sector financiero para que, de esta forma, pueda seguir apoyando la economía real en un entorno de crecientes riesgos para la estabilidad financiera. Será un gravamen que va a detraer recursos justo en el momento en que más se necesitan. El texto atenta contra la competencia de entidades, estableciendo una «subvención pública implícita» para las entidades internacionales, exentas del mismo. El sector financiero español está inmerso en un proceso de competencia global enorme con las que denominamos fintech, grandes corporaciones tecnológicas que entran en el sector propio de las entidades financieras, pero con regulaciones que no se exigen a las entidades financieras».
Los gravámenes implicarán un incremento del riesgo regulatorio percibido por el inversor, lo que provocará un aumento de la prima de riesgo y del coste de capital de las empresas afectadas y dificultará su acceso a fondos para financiar nuevos proyectos de inversión.
Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín
