Las Administraciones deben ser más transparentes en cuanto a la información medioambiental que ofrecen. El bloqueo de acceso a la información esconde el escaso control por parte de algunas Comunidades Autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) pide a las Administraciones que dejen de incumplir con su obligación legal de facilitar el acceso a la información medioambiental. Es problemático acceder a documentos clave para la defensa del medio ambiente, documentos que las propias administraciones deberían facilitar al público según la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente. Según el Convenio de Aarhus, tratado internacional del que España es parte, y que también establece la obligación de que las administraciones difundan de forma activa la información medioambiental.

IDMA solicitó en febrero de 2016 a las CCAA que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes base sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la UE para evitar y reducir la contaminación de los entornos de las centrales.

• Galicia fue la única comunidad que cumplió con el plazo de un mes establecido por la Ley.
• Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Baleares han retrasado el proceso durante varios meses, poniendo trabas a la democracia ambiental.
• Aragón alegó que no tienen obligación de remitir los informes base. IIDMA ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón
• Asturias ha ignorado reiteradamente las solicitudes y se continúa sin facilitar la información requerida.

«Esta actitud supone un menoscabo del Estado de Derecho, ya que obliga a las organizaciones como IIDMA a litigar por lo que en realidad son derechos reconocidos por la ley. Las Administraciones están sujetas a derecho igual que los ciudadanos, y el hecho de que se obstaculice la defensa de un medio ambiente sano a la sociedad civil es un retroceso para nuestro desarrollo democrático. La existencia de Leyes que garantizan el derecho de acceso a la información es un avance, pero no sirve de nada si las instituciones públicas no las respetan» Ana Barreira, directora del IIDMA

Barreras en el acceso a informes sobre posible contaminación

El bloqueo de acceso a la información podría esconder el escaso control autonómico sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los impactos ambientales de las centrales de carbón en España. A pesar de que la Directiva de Emisiones Industriales de 2010 establece la obligación de presentar un informe base sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas para obtener la actualización de los permisos (Autorización Ambiental Integrada), no ha sido posible para el IIDMA acceder al informe base de centrales como Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla.

«El informe base de la instalación carece de sentido, en tanto en cuanto, la prolongada actividad de las centrales térmicas, no puede garantizar datos previos de la actividad (…) se les ha requerido que redacten y aporten una Propuesta de Plan de control y seguimiento» Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, que actualizó los permisos de las centrales en 2014

En Cantabria, los controles respecto a las centrales de Cogecan y Solvay son insuficientes debido al retraso con el que está actuando el gobierno cántabro. En Baleares tampoco hay manera de saber si las actividades de la central de Alcudia están afectando a la calidad de las aguas subterráneas.