Es necesario contar con métricas y una taxonomía social, impulsada por la UE

El impacto de la COVID-19 ha impulsado la visibilidad de los criterios sociales en la inversión. Según ‘La dimensión social de la inversión sostenible’ (Spainsif y el Ministerio de Trabajo y Economía Social) hay estándares medioambientales gracias el recién aprobado Reglamento de divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). No obstante, la dimensión social es más compleja de estandarizar.

Nuevo panorama

• Nuevas demandas de información de los inversores
• Emisión de bonos sociales
• Próxima elaboración de una taxonomía social por parte de la UE que atienda a objetivos como
  • derechos humanos
  • acceso a atención sanitaria
  • empleo decente
  • igualdad
  • no discriminación
• Relevancia de cuestiones sociales en las temáticas más frecuentes de exclusión en la inversión sostenible, como
  • armamento
  • alcohol y el tabaco
  • violación de los derechos laborales en las empresas.

Evolución de los aspectos sociales en la decisión de inversión

Es necesario consensuar unas métricas alineadas con los ODS y equilibrar la materialidad financiera de esas métricas con la materialidad social. La sostenibilidad es uno de los ejes transversales prioritarios de actuación de esta entidad, como vector de la recuperación y la transformación del modelo de crecimiento de la economía española.

El ICO es el emisor de referencia europeo de bonos sostenibles, entre los que destaca la última emisión Covid Social Response Bond, en mayo de 2020.

Hablar de inversión sostenible debería ir de la mano de inversión social. Es necesario buscar un camino que permita alcanzar el objetivo de bienestar a base de la inclusión social. Por ejemplo, inversiones en infraestructuras sociales que buscan mejorar el bienestar de la comunidad y que fomenten el desarrollo social que incluya la sostenibilidad en el largo plazo.

La sostenibilidad en el sector Real Estate es una cuestión, en general, pendiente. Ha habido un gran impulso, pero debe acompañarse con una gestión eficaz y en tiempo. El sector promotor y rehabilitador debe cuestionarse si su modelo de negocios es sostenible, pero sobre todo si dispone de un plan de actuación para conseguir en el medio plazo objetivos tangibles. La dimensión social de la sostenibilidad supone la inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Hace falta que el crecimiento de la vertiente social en la inversión sostenible preste atención a los grupos más vulnerables, en línea con la Agenda 2030 y los ODS, lo que también repercute en las personas con discapacidad. Existe un enorme potencial y cada vez más instrumentos para impulsar una inversión socialmente sostenible que no deje a nadie atrás.