La Fundación Corell apuesta por una homogeneización de los diferentes planes de calidad del aire que se redacten en el futuro por parte de los ayuntamientos españoles
Inmersos en la Semana Europea de la Movilidad que se celebra hasta el 22 de septiembre, la Fundación Corell, ha presentado su estudio “La movilidad en áreas metropolitanas: un desafío permanente”. La conclusión es que los planes de calidad de aire no van acompañados de una regulación de la movilidad urbana adecuada.
“La ordenación de la movilidad queda a menudo relegada a un segundo plano, otorgando mayor importancia a medidas más visibles y con impacto a corto plazo” Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Fundación Corell
Muchas ciudades españolas han desarrollado planes de calidad del aire (PCAs) con medidas que afectan directamente a la gestión de la movilidad. Pero esta regulación no está actualizada y, por tanto, no responden a una realidad que preocupa a todos los ciudadanos. Muchos planes se reducen a medidas parciales que no ofrecen una solución real, regularizando únicamente aspectos con impacto inmediato como pueden ser la renovación del parque automovilístico o la sustitución de la tracción fósil por tracción eléctrica, siendo el transporte el sector más afectado.
El surgimiento de nuevos operadores de movilidad como las plataformas de coches compartidos, patinetes, bicicletas o VTC, entre otros, hace necesaria una actuación rápida y eficaz por parte de las instituciones públicas. La regulación de los nuevos modos de movilidad genera incertidumbre en la población, a lo que debe ponerse fin, tomando decisiones y priorizando la calidad del aire, la sostenibilidad y, por ende, el bienestar general del ciudadano.
Ante las nuevas alternativas de movilidad bajo el paraguas de la sostenibilidad, es imprescondible que el regulador priorice entre el fomento del transporte colectivo o los nuevos modos de movilidad individual, siempre bajo la máxima de la eficiencia.
Al igual que existe una Oficina Española del Cambio Climático, se recomienda la creación de una Secretaría de Estado que dirija y armonice los diferentes PCA con el fin de garantizar un marco regulatorio homogéneo.
