Y es que los gobiernos de todo el mundo lidian con las consecuencias de la invasión de Ucrania y los precios de la energía

En particular, los Gobiernos europeos -que suelen ser los más ambiciosos en cuanto a políticas de cambio climático- han diluido sus compromisos a muy corto plazo mientras lidian con una crisis energética sin precedentes este invierno.

Ante las presiones a corto plazo para sobrevivir al invierno, los gobiernos se apresurarán a buscar suministros, poniendo en modo de espera sus avances en materia de cero emisiones. En términos más generales, la arquitectura multilateral existente parece no estar preparada para dar cabida a un contexto geopolítico más tenso y a un orden mundial más fragmentado, lo que perjudicaría el proceso de la COP a más largo plazo: la acción contra el cambio climático requiere una coordinación mundial para ser realmente eficaz.

En este difícil contexto, es probable que la COP27 intente hacer hincapié en el punto de vista de los países en desarrollo sobre la adaptación y la financiación, siendo este último un tema especialmente polémico que tiene el potencial de agudizar esta división entre países desarrollados y en desarrollo.

Los países en desarrollo han sido responsables de una parte menor de emisiones de CO2 postindustriales, y aún no han alcanzado sus necesidades de desarrollo, que consideran legítimamente como una prioridad con respecto a las consideraciones de intensidad de carbono. Al mismo tiempo, han sido más vulnerables a las consecuencias del cambio climático: los fenómenos meteorológicos más frecuentes y extremos ya han afectado materialmente a las vidas, la salud y los medios de subsistencia de varios países en desarrollo.

A lo largo del último año, y especialmente tras la invasión rusa de Ucrania, las economías desarrolladas han dedicado grandes sumas a proteger a los hogares y las empresas nacionales de la subida de los precios de la energía, y han vuelto a incumplir su objetivo anual de 100.000 millones de euros de financiación climática para los países en desarrollo este año.

El objetivo se ha pospuesto ahora hasta 2023, en medio de acusaciones recíprocas, lo que pone de manifiesto la falta de transparencia en la entrega, así como problemas de gobernanza.

También en relación con la financiación y la vulnerabilidad de las economías emergentes al cambio climático, es probable que la cuestión de las pérdidas y los daños vuelva a cobrar fuerza, pero las peticiones de un mecanismo de financiación probablemente resulten controvertidas.

La COP27 podría marcar el inicio de un cambio de las promesas de financiación generales hacia un conjunto de planes específicos para cada país, lo que debería implicar una mayor responsabilidad (en ambos extremos) y, en consecuencia, una aplicación más eficaz. Sin embargo, parece faltar el impulso de cara al evento.

Silvia Dall’Angelo, economista senior de Federated Hermes Limited